Pocas siglas circulan tanto por los despachos de Fráncfort como CBDC, el dinero digital de banco central. Su versión europea, el euro digital, sería en la práctica una forma de efectivo electrónico emitida directamente por el Banco Central Europeo, guardada en un monedero virtual respaldado por la institución y no por un banco comercial. Bruselas y Fráncfort manejan 2029 como horizonte para su puesta en marcha.
¿Por qué ahora? Los datos explican la urgencia. Según el estudio sobre hábitos de pago que elabora el BCE, el efectivo supuso el 52% de las compras en comercios de la zona euro en 2024, cuando en 2016 representaba el 79%. La tarjeta ha hecho el viaje contrario: de menos del 20% a casi el 40% de las operaciones. Y si se mide el valor de lo pagado, las tarjetas ya superan a los billetes.
El efectivo resiste sobre todo en los importes pequeños y en los pagos entre particulares, donde todavía supone el 41% de las transacciones. No es un asunto menor: el 62% de los europeos considera importante conservar la opción de pagar en metálico, y las instituciones comunitarias se han comprometido a garantizarla. Pero la tendencia de fondo apunta en una sola dirección.
En España el 98% de los pagos con tarjeta pasa por las dos grandes redes estadounidenses y los comercios de la zona euro abonan unos 3.750 millones al año en comisiones
La pregunta clave es qué se pierde si el efectivo acaba desapareciendo. La respuesta de los economistas es precisa: los billetes son hoy la única forma de dinero público al alcance del ciudadano, y su extinción eliminaría el acceso universal a él, además de suprimir la posibilidad efectiva de convertir los depósitos bancarios en dinero contante. Todo el sistema de pagos quedaría en manos de intermediarios privados.
Y esos intermediarios no son europeos. Trece países de la Unión Europea dependen por completo de los sistemas de pago internacionales, y en España el 98% de los pagos con tarjeta se canaliza a través de las dos grandes redes estadounidenses. La factura es abultada: los comercios de la zona euro pagan alrededor de 3.750 millones de euros anuales en comisiones por servicios de pago, la mitad destinada a esas dos compañías. Las pymes, por su menor escala, soportan comisiones hasta cuatro veces superiores a las de las grandes empresas.
Aquí está la primera promesa del proyecto. El BCE sostiene que el euro digital reduciría a la mitad las comisiones que hoy pagan los pequeños comercios, que además ganarían poder de negociación frente a los proveedores actuales. Una alternativa pública abarataría el sistema aunque muchos clientes siguieran pagando como siempre.
La segunda razón es geopolítica. Las sanciones financieras, como la exclusión de la banca rusa del sistema de mensajería SWIFT tras la invasión de Ucrania, han demostrado que los pagos son también un arma estratégica, y depender de infraestructuras ajenas expone a Europa a decisiones que no controla. No sorprende que las instituciones comunitarias hablen abiertamente de soberanía de pagos, en línea con los informes de la Comisión Europea que señalan la brecha tecnológica con Estados Unidos y China como el gran lastre de la competitividad europea.
El debate se complica al llegar al diseño. La concepción que hoy se impone es deliberadamente prudente: el euro digital no pagaría intereses y su tenencia estaría sujeta a límites cuantitativos estrictos, para evitar que los ahorradores vacíen sus cuentas bancarias y las trasladen al banco central. Sería, en esencia, una actualización digital del billete de toda la vida, un puro medio de pago.
Esa prudencia tiene un precio, y varios economistas lo han señalado. Si el euro digital nace con demasiadas cautelas, su impacto sobre la banca será pequeño, pero también lo será su utilidad para el público, con el riesgo de quedar como un instrumento débil frente a las stablecoins privadas que ya operan bajo el reglamento europeo de criptoactivos, el marco conocido como MiCA.
La literatura académica, por su parte, ha dedicado años a medir los riesgos y los ve manejables. Los principales estudios concluyen que la sustitución de depósitos por moneda digital pública no desataría pánicos bancarios ni recortaría necesariamente el crédito, y que incluso podría reducir el poder de mercado de los bancos sobre el ahorro. Lo que la investigación aún no ha resuelto con claridad es la pregunta inversa: qué fallo de mercado concreto viene a corregir esta moneda.
¿Y qué notaría el ciudadano de a pie? Según los planes comunicados por el BCE, el euro digital sería gratuito para los particulares, permitiría pagar sin conexión a internet y ofrecería un nivel de privacidad próximo al del efectivo. Convivirá con los billetes y las monedas, que las autoridades insisten en que no van a desaparecer, y se podrá usar en toda la zona euro con independencia del banco de cada uno.
